La Unión
de Consumidores de Aragón (UCA) advierte a los ciudadanos sobre el arbitraje privado para los conflictos
de los alquileres de vivienda, ya que "no garantizan nada al propietario", y pide a las Administraciones
públicas la creación de un arbitraje público e imparcial especializado en materia de vivienda que solucione los pequeños problemas
entre particulares. La reciente irrupción en el mercado inmobiliario nacional de la asociación denominada Corte de
Arbitraje Económico ha activado las alarmas. "Es una asociación privada de la que se desconoce si tiene ánimo de lucro o no,
pero todo indica que lo tiene", explica José Ángel Oliván, presidente de la UCA.
En la actualidad,
los consumidores carecen de un mecanismo público al que dirigir los asuntos derivados del alquiler de la vivienda, a la manera
de cómo en Consumo, por ejemplo, se tratan las denuncias entre empresas y particulares. Incluso los problemas de las comunidades
de vecinos tienen como única vía de solución la judicial. "Hemos detectado la necesidad de un arbitraje público y gratuito
que garantice la imparcialidad a la hora de dictar estas sentencias", añade Oliván.
Tal y como
publicó EL PERIÓDICO el lunes, la Corte Española de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad asegura que en el último año,
más de 7.000 pisos en Aragón, la mayoría de Zaragoza, se han sometido a este arbitraje privado. Un sistema que, asegura,
garantiza la resolución de los conflictos entre el arrendador y el arrendatario, como el impago de las mensualidades. Para
ello, tan solo es suficiente firmar el contrato de adhesión que venden las inmobiliarias por 42 euros.
El
Gobierno de Aragón está, de hecho, estudiando a esta asociación por "falta de transparencia y porque podría inducir a engaño
al identificarse con la Junta Arbitral de Consumo, que es pública y gratuita", aseguró a este diario el director
general de Consumo, Ángel Luis Monge.
"A la UCA
no nos gusta nada lo que ofrecen", especifica José Ángel Oliván. "No es un servicio transparente y promete algo que
no puede cumplir. Tan solo sirve para solucionar problemas menores", cuenta. Nota
del Látigo: ver los primeros 2 autos que demuestran que, efectivamente, no se puede cumplir lo que promete el
PNAG. Auto 1 y Auto 2.
La Unión
de Consumidores de Aragón también está estudiando medidas contra la Corte de Arbitraje. "Para empezar, la nomenclatura
que utiliza puede dar a equívocos, ya que da apariencia de institución pública. Y en cuanto a sus fines, parece que
van dirigidos al colectivo profesional de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) y de los
mediadores para que inserten en los contratos de arrendamiento que redacten cláusulas de sometimiento a ese arbitraje",
insiste. Por todo ello, la UCA entiende que en este sistema "falla uno de los principios esenciales de cualquier arbitraje
o juicio, como es el principio de imparcialidad, ya que esta asociación parece claramente posicionada a favor
de los arrendadores. En cuanto a los árbitros, también se suscriben en la adhesión y no los pueden nombrar
las partes de mutuo acuerdo".
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